Se trata de resolución a favor de trabajadores civiles, cesantes y jubilados.
El ministro de Defensa, Jaime Thorne León, debe cumplir sí o sí la sentencia judicial que ordena reglamentar el artículo 60 del Decreto Legislativo 608 y el artículo 408 del Decreto Legislativo 556, dijo enfáticamente Ángel Gutiérrez, presidente de la Asociación de trabajadores Civiles Activos, Cesantes y Jubilados del Ministerio de Defensa Región Sur a EXPRESO. “El incumplimiento de la sentencia judicial que homologa los salarios de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas en relación con los militares, lesiona gravemente nuestros derechos y colisiona con lo resuelto en última instancia por el Poder Judicial, pretendiéndose dejar sin efecto una sentencia, que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada”, refirió.
“La arbitraria e inconstitucional derogatoria del artículo 60 del Decreto Legislativo 608, a partir del 1 de enero de 2009 por parte del gobierno de turno, se dio con la finalidad de burlarse de un fallo judicial seguido en un proceso constitucional. Las normas jurídicas no pueden afectar o regir hechos o situaciones pasadas; la ley desde su vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos”, explicó Tomás Tafur, delegado en Lima de la Aseacejub-Sur.
En tanto Luis Ibáñez Barreda, abogado de los servidores civiles del Ministerio de Defensa Región Sur, sostuvo que “el ministro de Defensa debe saber que la Cuarta Sala Civil de Arequipa mediante Auto de Vista 345 de 2009 y mediante Resolución Judicial Nº 125 del 17 de junio de 2010, ratifica los beneficios laborales de los servidores civiles del sector Defensa, incluso, aclara quiénes son los beneficiarios, los que promovieron y consiguieron la referida sentencia debidamente empadronados y la derogatoria del artículo 60 del DL 608 no puede afectar derechos reconocidos a los recurrentes con anterioridad”.
Abundó que no se puede dejar sin efecto resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada.
El ministro de Defensa, Jaime Thorne León, debe cumplir sí o sí la sentencia judicial que ordena reglamentar el artículo 60 del Decreto Legislativo 608 y el artículo 408 del Decreto Legislativo 556, dijo enfáticamente Ángel Gutiérrez, presidente de la Asociación de trabajadores Civiles Activos, Cesantes y Jubilados del Ministerio de Defensa Región Sur a EXPRESO. “El incumplimiento de la sentencia judicial que homologa los salarios de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas en relación con los militares, lesiona gravemente nuestros derechos y colisiona con lo resuelto en última instancia por el Poder Judicial, pretendiéndose dejar sin efecto una sentencia, que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada”, refirió.
“La arbitraria e inconstitucional derogatoria del artículo 60 del Decreto Legislativo 608, a partir del 1 de enero de 2009 por parte del gobierno de turno, se dio con la finalidad de burlarse de un fallo judicial seguido en un proceso constitucional. Las normas jurídicas no pueden afectar o regir hechos o situaciones pasadas; la ley desde su vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos”, explicó Tomás Tafur, delegado en Lima de la Aseacejub-Sur.
En tanto Luis Ibáñez Barreda, abogado de los servidores civiles del Ministerio de Defensa Región Sur, sostuvo que “el ministro de Defensa debe saber que la Cuarta Sala Civil de Arequipa mediante Auto de Vista 345 de 2009 y mediante Resolución Judicial Nº 125 del 17 de junio de 2010, ratifica los beneficios laborales de los servidores civiles del sector Defensa, incluso, aclara quiénes son los beneficiarios, los que promovieron y consiguieron la referida sentencia debidamente empadronados y la derogatoria del artículo 60 del DL 608 no puede afectar derechos reconocidos a los recurrentes con anterioridad”.
Abundó que no se puede dejar sin efecto resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada.
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