El Consejo de Ministros decidió derogar parcialmente el cuestionado Decreto de Urgencia 001 que pretendía adelantar la ejecución de 33 proyectos de inversión sin la debida presentación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, quien rompió su mutismo, junto a los ministros de Justicia, Rosario Fernández, y de Producción, Jorge Villasante.
Este dispositivo, publicado el 18 de enero pasado, establece disposiciones extraordinarias para facilitar la promoción de la inversión privada en 30 proyectos de infraestructura, que luego aumentaron a 33 con el decreto 002. Ambos decretos de urgencia fueron duramente cuestionados por la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, y diferentes organismos que luchan por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
El experto del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, afirmó que pese al reciente anuncio gubernamental, esta norma sigue siendo “inconstitucional”, pues hasta la fecha el Gobierno sigue sin sustentar el carácter de excepcional que exige la Constitución para la dación de los decretos de urgencia. Por ello reafirmó que le corresponde al Congreso hacer respetar el derecho que tiene de legislar y someter a un debate ambas normas para proceder a su derogatoria.
En caso contrario, comentó que la sociedad civil podría acudir al Tribunal Constitucional para que derogue estos cuestionados decretos por atentar contra los principios consignados en la Constitución. En este mismo sentido se pronunció Walter Vargas, investigador del Grupo de Trabajo contra la Corrupción. Dijo que estos Decretos de Urgencia son parte de un mecanismo que el Gobierno utiliza –desde el 2008- para agilizar las concesiones y saltar las exigencias de transparencia, consulta y control público.
En ese sentido, recalcó que estos decretos atentan contra una serie de derechos (a la consulta, al desarrollo humano integral y el principio de transparencia del poder público); y plantean un peligro en materia de corrupción porque se evade el control público mediante una norma que favorece a grupos privados. Además limita la intervención de Contraloría General, atentando incluso con su Ley Orgánica. En opinión de Walter Vargas, lo que el Ejecutivo buscaría con este parcial retroceso es aminorar las criticas para seguir adelante con su compromiso empeñado con los grupos de poder económico de “facilitarle las inversiones”.
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