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jueves, 10 de marzo de 2011

Arme su Candidato

Que CARETAS publique una edición especial electoral podría parecer una redundancia. Pero no lo es. La coyuntura del debate del domingo 13, a un mes de las elecciones presidenciales, ofrece la ocasión de darle un respiro a la agenda inmediata para sumergirse en las propuestas de los candidatos, la filosofía que anima sus campañas, la agenda del país para los próximos cinco años, las tendencias del marketing político, las posibilidades de tener un mejor Congreso e incluso el ojo con el que hay que leer las encuestas. Esta pretende ser una edición de voces y rostros. Y también de herramientas para el lector-elector.
La múltiple carátula de esta edición es de lúdica electoral. El lector de CARETAS escoge su candidato o, si así lo prefiere, toma lo que le gusta de cada uno.
El próximo presidente será, ciertamente, único. Pero el juego democrático determina que las propuestas de los demás también encuentren su cauce en los balances y contrapesos del poder. Más cuando las encuestas anticipan la marcada fragmentación del voto y el Parlamento.
Ya se ha vuelto parte de la campaña escuchar de los comentaristas que todos los candidatos que tienen opción, con excepción de Ollanta Humala, ofrecen esencialmente lo mismo.
Varias voces vuelven a reclamar iniciativas sobre pactos de agenda mínima en pro de la gobernabilidad. Pero la relativa homogenización programática podría ser interpretada como el camino hacia un consenso de los políticos nacionales en torno a una agenda de convergencia. Y que el Acuerdo Nacional, a pesar de ser poco sexy en el día a día, no está pintado en la pared.

DE TOLEDO A PPK

Como se lee más adelante, el manifiesto humalista sirve para establecer que, aunque lo escriba otro, el tono del programa también hace al candidato. Ollanta es el ejemplo más claro pero en el caso de los demás los matices también se convierten en protagonistas. Toledo, Castañeda y Fujimori comparten visiones similares en lucha contra la pobreza, programas sociales, PYMES, Educación, Salud e infraestructura. La diferencia se basa en propuestas concretas (ver cuadros) y estilos.
El programa de Perú Posible recuerda en parte por qué Alejandro Toledo ganó las elecciones del 2001 y también por qué tuvo una popularidad subterránea durante el mandato. Son 450 propuestas (¡!) puestas sobre la mesa. Se trata de una agenda inclusiva e ideológicamente aséptica, como el candidato mismo.
Pero el desembalse de promesas puede tornarse en rápida decepción. Y para muestra dos botones que no solo existen en el distante Olimpo de quienes leen los planes de gobierno: Toledo tiene entre sus principales argumentos de campaña el “empleo mejor remunerado”. Pero al respecto solo ofrece aumentar el salario mínimo y propiciar reuniones entre empleados y empresarios. Peor con su bandera de control de precios. No hay una línea y la crisis de precios de alimentos alcanza a todo el mundo.
Castañeda presenta su programa en un esquema de misión, visión, identificación de problema, diagnóstico, propuestas y acciones de política. El ex alcalde de Lima repite que lo que necesita el país es un gerente cómo él y con su programa insiste en la idea.
El documento de Fuerza 2011 es más directo y refuerza la narrativa fujimorista para el presente: la Constitución de 1993 refundó al país tal como lo conocemos hoy (Humala opina lo mismo y por eso promete eliminarla antes que nada) y lo que viene después son las diferentes etapas de la ruta trazada desde 1990, sin mayores alteraciones.
Las dos caras del Estado fujimorista son reinventadas. De un lado, muy activo en programas sociales y redes de protección para los más necesitados. De otro, lo menos visible posible en su relación con el sector privado. Fujimori propone mayor flexibilización laboral con el objeto de reducir los costos de contratación de las empresas. Tampoco tiene “temor dar el salto” de darles mayores incentivos a las mineras para modernizar el sector.
El de PPK dibuja un ideal Estado liberal y post-neocon. Híper eficiente en una serie limitada de políticas, racional en su organigrama y con fuerte énfasis en la erradicación de la informalidad y la pobreza. El candidato muestra su conocimiento en temas como el del agua y las tendencias económicas y políticas mundiales. Su entrenamiento en el MEF y el sector privado se refleja en proyecciones bastante específicas del dinero que se invertiría en los distintos programas. Aunque hasta ahora las proyecciones de sus votos no parecen igual de alentadoras.

EL JUGADOR HUMALA

Hay que reconocer que, en ese contexto de iguales que compiten entre sí, Humala sigue siendo un francotirador que todavía cuestiona e irrita al sistema. El capítulo más interesante de su programa es probablemente el referente a la reforma tributaria (ver cuadro).
La política evoluciona. Tanto que organismos como el Banco Mundial y Naciones Unidas le recomiendan a América Latina aumentar los impuestos directos a la riqueza, que son esencialmente los de propiedad y renta. Esos tributos son mucho más bajos en la región que en el resto del mundo y representan un porcentaje muy minoritario de la recaudación.
Varios estudios del PNUD concluyen que el desafío latinoamericano actual es el de superar la desigualdad, que fue un concepto apenas deslizado en la campaña del 2006. Hoy es la clave. Los mencionados documentos reiteran que las herramientas con las que cuenta un Estado moderno para reducir esa brecha consisten sobre todo en los servicios públicos de Educación y Salud, financiados como es obvio con los impuestos de quienes más tienen. En ese orden de ideas, allí late el corazón de la nivelación de oportunidades.
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), compuesto por las 48 principales universidades y centros de investigación del país, presenta esta semana una batería de documentos sectoriales para una agenda de gobierno 2011-2016.
El autor del acápite tributario, Luis Alberto Arias, recomienda una política “activa con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos directos, reducción de algunas tasas impositivas, ampliación de la base tributaria y reformas institucionales que fortalezcan a las administraciones tributarias”. También propone una “reducción gradual de la tasa del IGV y del IPM de 19% a 16%, pues esta, al ser alta, promueve la informalidad y la evasión tributaria”.
En lo último parecen encontrarse de acuerdo las distintas tiendas políticas (ver recuadro). Pero no en el incremento a los impuestos directos. Solo Toledo y Humala lo mencionan en sus programas y únicamente Humala lo desarrolla en extenso. El ex presidente, mientras tanto, no lo ha mencionado en ninguna intervención. PPK considera, igual que ex ministros del régimen actual como Luis Carranza, que el modelo de ampliación de base tributaria que le conviene al país es el de reducción de tasas que así estimulen la formalización de ese 60% de la economía que se mueve fuera del paraguas de la SUNAT.
El programa del candidato de Gana Perú es el más extenso. Son 198 páginas llenas de diagnósticos, muchos interesantes lecturas, que siempre subrayan la herida de muerte que aqueja al Estado neoliberal. Humala dice que no es de izquierda pero una somera lectura identifica por doquier el léxico marxista que estuvo en boga ya hace varias décadas. Su plataforma se actualiza con los nuevos tópicos de la agenda contestataria, muchos de ellos enteramente válidos y políticamente correctos (medio ambiente, derechos de las mujeres y las minorías), pero el voluntarismo de un Estado omnipresente se refleja en todo el texto.
El comandante camina varias veces por la cuerda floja del autoritarismo. Dice, por ejemplo, que “se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia”. ¿Y cómo hará para desbaratar este “cuasi oligopolio mediático”? Con una “ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social)”. Una idea que recuerda el reparto velasquista de la prensa, cuando cada diario respondía a un sector de la sociedad y en algún caso le tocaba monitorear al milímetro los precios de las verduras en las plazas de mercado.
El determinismo de Humala llega incluso a proclamar la agonía de la cultura peruana. “Las elites”, se lee en un pasaje, “al mirar primero a Europa y luego a Estados Unidos como modo y forma de vida, no consideraron a la mayoría de peruanos como sus compatriotas. Lo que convirtió a nuestras ancestrales tradiciones y costumbres en un rito folclórico y no en una cultura nacional-popular”.
Habría que preguntarse si la raigambre cultural de un país es definida por la miopía de las elites o, en su defecto, por decreto oficial.

AGENDA CARGADA

Entre tanto ánimo refundacional, la mencionada agenda del CIES, que este año participa en la organización del debate (ver nota siguiente), aterriza una coyuntura inmediata y desafiante.
Toda la prédica anticorrupción, advierten Aldo Panfichi y Mariana Alvarado, no servirá de nada sin fortalecer al Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Y esta última es la llamada a coordinar estas instituciones.
Juan Arroyo concluye que “no se puede cambiar a ser un país parte de la mesocracia mundial y tener una presencia así de creciente del narcotráfico. O lo uno o lo otro”. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros envió al Ministerio Público, en diciembre del año 2010, 185 informes de inteligencia financiera que involucran un probable importe de 3,628 millones de dólares por operaciones sospechosas provenientes del narcotráfico. “Es probable que estas cifras sean conservadoras”, calcula el autor.
Waldo Mendoza recuerda aguafiestas que los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales “como proporción de los ingresos totales del gobierno del Perú en el año 2008, que son de alrededor de 15%, están por debajo del promedio latinoamericano de 32%”. Favorece la interrupción inmediata de nuevos convenios de estabilidad tributaria y que los próximos contratos de este estilo tengan otro perfil. “La sobretasa del Impuesto a la Renta que se cobra actualmente por la firma de estos convenios debería ser mucho mayor al actual 3.5%. En Chile, nuestro competidor minero más cercano, es del 7%”.
Por cierto, Giselle Huamaní y Sandro Macassi subrayan que “solo el desarrollo actual de conflictos mineros representa el 15% del total de las concesiones otorgadas, lo que nos hace vislumbrar un futuro con significativos incrementos en cuanto a conflictos sociales”.
Para seguir en la materia, la ley de Canon ha tenido el paradójico efecto de aumentar la desigualdad entre las regiones. Además de una reorganización territorial, Gonzalo Neyra plantea “el diseño de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que priorice el gasto público e inversión en infraestructura y servicios sociales en las regiones más rezagadas del país. En concreto una modificación parcial del reparto de los recursos públicos en el territorio, allí donde el Gobierno Nacional tiene márgenes de discrecionalidad, sobre la base de necesidades fiscales y la brecha territorial identificada. El objetivo de la política es alcanzar, en el mediano y largo plazo, una convergencia regional en el acceso a bienes públicos en los territorios, para que los ciudadanos, al margen del lugar donde vivan, puedan tener un acceso promedio a los servicios y oportunidades que brinda el Estado”.
Es decir, recuperar las riendas del Estado Central y tener el arrojo político para afinar sobre la marcha, otros dirían retroceder, el proceso de descentralización.
Un equipo encabezado por Richard Webb les pone el ojo a las materias pendientes en desarrollo rural y pone en lista de prioridades “La gradual urbanización, que aumenta las oportunidades de mercado y de empleo para el residente rural; la expansión de los caminos, telecomunicaciones y electrificación; el aumento sustancial en el gasto público, y la actividad de programas de intervención directa que contribuyen a mejoras tecnológicas y empresariales a nivel de pequeños agricultores”.
Carlos Aramburú y María Ana Rodríguez reiteran que los programas sociales apenas representan el 1.7% del PBI y deberían subir en cuatro puntos para el 2015. El salto a programas productivos, habilitadores y promotores todavía no se ha dado y cualquier especialista del sector puede dar fe de cuán complicado es abandonar el asistencialismo para pasar a la sostenibilidad de los beneficiados.
Por último, María Inés Celle, Neride Sotomarino y Mayen Ugarte sostienen que la reforma de la gestión pública todavía está en pañales a pesar de iniciativas como la mencionada descentralización, el presupuesto por resultados y la incipiente formación de burocracia seleccionada.
Hay vientos de optimismo. El país no es el mismo de hace veinte años. Pero el próximo presidente no la tiene nada fácil.

Recorte Millonario

La reducción del IGV en el candelero.
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Formalización en el fondo de la cuestión.
La drástica reducción del IGV es el parte aguas de las propuestas electorales.
El primero en lanzar la especie fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK), candidato de la Alianza para el Gran Cambio.
Desde entonces, todos los candidatos principales, salvo Ollanta Humala, proponen básicamente lo mismo.
Se trata de una apuesta millonaria.
La única forma de financiar las promesas electorales es con la recaudación tributaria.
Al reducir el IGV, caerá la recaudación.
¿O no?
Luis Alberto Arias, ex superintendente de la SUNAT, estima que cada punto del IGV representa S/. 1,500 millones.
Tres puntos del IGV ascienden a S/. 4,500 millones.
Pero Arias sostiene que más pierde el fisco como resultado de la evasión tributaria, entre 3% y 4% del PBI.
Arias es el autor de la propuesta tributaria 2011-2016 del CIES. También plantea bajar el IGV a 15% gradualmente.
La idea es que una menor tasa impositiva sería el antídoto de la mayúscula evasión.
La ecuación: a menor IGV, mayor formalización.
La formalización de la economía es la piedra de toque de la campaña de PPK.
De hecho, es el único candidato que toma ese toro por las astas.
Apenas el 35% del empleo en el país es formal. La meta de PPK es que al final de un hipotético gobierno suyo el 80% del empleo sea formal.
La formalización de la economía desencadenaría un ciclo virtuoso: el Sistema Nacional de Pensiones y las AFPs tendrían un “importante superávit”.
La mayor renta permitiría financiar un “cambio radical” en el sistema de salud pública, y las AFPs boyantes servirían de palanca para financiar las obras de infraestructura, dice PPK.
“Pero lo mejor será que millones de peruanos y peruanas tendrán un futuro más seguro que el que tienen hoy”, aseguró el candidato de Alianza para un Gran Cambio.
Arias advierte que la reducción del IGV debe “ser parte de un conjunto de medidas que conforman una reforma tributaria integral”.
Para que la recaudación aumente, la reducción del IGV debe ir acompañada de tres conjuntos de medidas para ampliar la base tributaria:
–Racionalización de las exoneraciones tributarias. Aquí Ollanta Humala de Gana Perú propone su eliminación; Toledo plantea reducirla de 2% del PBI a 1.6%. Las exoneraciones tributarias benefician sobre todo a la Selva. No es casual que la candidatura del ex presidente sea tan fuerte en el Oriente.
–La formalización de las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) que deberían empezar a pagar IGV, “al menos con una tasa más baja, por ejemplo, 6%”, dice Arias.
–Un plan sistemático de la SUNAT para reducir la evasión tributaria estimada en 37%.
“La oportunidad para realizar esta reforma es ideal cuando la economía está creciendo, lo que permita que los baches en la recaudación en el corto plazo serán cubiertos por la mayor recaudación”, explicó Arias.
El especialista sostiene que “el Perú tiene una de las productividades más bajas de América Latina” en cuanto a recaudación del IGV debido a las exoneraciones y la evasión.
Pero no todos están plenamente de acuerdo.
El candidato Ollanta Humala de Gana Perú solo admite que “evaluará” la reducción del IGV.
De hecho, los “nacionalistas” fueron los más acres opositores de la reducción del IGV de 19 a 18% a fines de febrero decretado por el gobierno.
Pero sí plantea una reforma tributaria, basada en impuestos directos en lugar de indirectos.
“Proponemos que los que más tienen paguen más”, dice Humala. “En cambio, ¿el IGV quién lo paga?”, fraseó con cuidado el comandante.
Tampoco la Sociedad Nacional de Industrias se compra el boleto a ojos cerrados (ver recuadro).
“El manejo tributario es un cuchillo que corta por los dos lados: corta carne pero también sirve para matar”, dice Pedro Olaechea, presidente del gremio.
“Si las tasas son muy altas, el mediano o pequeño contribuyente se informaliza. Las tasas en el Perú son tremendamente altas. Hay posibilidades para mejorarlas, pero se debe diferenciar marcadamente por la talla de empresas. Prefiero a 3 millones de PYMES que paguen S/. 1 de seguro social a que paguen nada”, dijo Olaechea.
La marcada dualidad de la economía peruana entre lo formal y lo informal no se soluciona de un solo porrazo.
“No creo que puedas llevar a toda la gente de todos los conos de golpe a pagar tributos, antes me voy caminando a la Luna y me doy la vuelta”, graficó.
Los evasores son huesos duros de roer.
Persuadirlos a que paguen impuestos será una tarea endemoniada, así bajen.
Lo que no puede esperar es la Caja Fiscal.

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