Cuando apenas empezaba este gobierno que ahora termina, a fines de noviembre de 2006, publiqué el artículo “Cuestión de galones” en CARETAS 1953. Se trataba de una investigación sobre “la corrupción militar ahora en el Perú”, descrita y documentada en su indignante pormenor.
Ahí empezó el caso de los generales “gasolineros”: los altos jefes militares que depredaron su propia institución, robándole desde la gasolina hasta el rancho del personal, saboteando en el proceso, por supuesto, la defensa del país.
En apretado resumen, se trataba de altísimas asignaciones extraordinarias de vales de combustible para un supuesto uso operativo en el Ejército. El combustible jamás se usaba y terminaba convertido en dinero que enriquecía a unos pocos jefes a costa del empobrecimiento de toda la institución. Por ejemplo, solo la Comandancia General del Ejército, entonces a cargo del general EP César Reinoso, recibía 10 mil galones mensuales de gasolina para sus virtualmente inexistentes necesidades de movilidad.
Aparte del robo al Estado y al pueblo, su encubrimiento forzó a varias dependencias y unidades a falsificaciones monumentales para ‘documentar’ maquinaria inexistente, desplazamientos fantasmas.
Pero lo peor no era el corrosivo latrocinio sino sus consecuencias. Si comandar significaba parasitar y robar a la institución, no se precisa gran imaginación para entrever los efectos sobre la moral, el entrenamiento, las condiciones operativas del Ejército.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del gobierno y qué resultados tuvo? Por ahora les diré que ningún esfuerzo de esclarecimiento, juicio y sentencia fue completado y que la gente que se dedicó a tratar de hacer justicia sufrió más que aquellos que se abocaron a quebrantarla.
Fast forward, y llegamos a este año; con la complicada situación militar en el VRAE, el creciente narcotráfico y la nada lejana referencia del devastador poder del crimen organizado en México, Centroamérica, Colombia, las grandes ciudades brasileñas: a la vez cuadros y espejos de posibilidades e inminencias, especialmente en sus comarcas asoladas por una violencia feral.
El 17 de febrero de este año, un destacamento de sinchis reforzó un operativo de la policía antidrogas, con la presencia de un fiscal especializado, en Pichanaki. El objetivo fue el grifo ‘Moralitos’, donde encontraron más de 2 mil 200 galones del perfectamente ilegal kerosene, por ser un insumo básico en el procesamiento de la hoja de coca para hacer pasta básica de cocaína. El kerosene incautado era suficiente como para obtener media tonelada de pasta básica.
Eso era ya suficientemente malo. Pero las informaciones de inteligencia indicaban algo peor.
¿De dónde habían obtenido el combustible? ¿Quién se lo había vendido? Según testimonio de los empleados del grifo, el combustible provenía de la base militar del Ejército, en Satipo. Dijeron que lo supieron a través de los dueños del grifo, los hoy prófugos Rossmary Cahuana Vasco y Fredy Hurtado. También se los dijo el chofer del camión cisterna WGR 436, Noé Bisares, que llevó el combustible por lo menos una vez.
Los mismos empleados indicaron que una persona que se identificó como el “capitán Omar” había llamado por teléfono a Hurtado para hablar sobre el combustible. “Omar” había quedado registrado en el directorio telefónico del grifo como “Omar KD2”, con su número celular.
Las compras masivas de combustible se habían realizado en 2010. Aparte de aquella sobre la que había querido hablar el “capitán Omar”, se habían realizado otras: el 6 de mayo de 2010, el grifo ‘Moralitos’ había pagado 10 mil soles por 980 galones de combustible llevados de Satipo a Pichanaki por un tal Álvaro Ureta. Una semana después, el 13 de mayo de 2010, compraron 1,500 galones de combustible, llevado desde Satipo por Noé Bisares en el camión cisterna WGR 436. Y el 22 de agosto de 2010 hubo otra compra de mil galones de combustible.
Si el combustible procedía del cuartel militar en Satipo, no se trataba de kerosene doméstico sino de combustible Turbo (o kerosina, o jet A-1), para aeronaves. El Turbo es, al fin, un kerosene altamente refinado.
La base militar no tenía ni tiene razón alguna para almacenar kerosene doméstico. Tiene, en cambio, todas las razones para almacenar en los llamados bladder, el Turbo: ahí funciona una estación de recarga para las aeronaves, especialmente los helicópteros que operan en las acciones contra Sendero en el VRAE.
En las pozas de maceración, a la vez, la coca no hace muchos distingos entre el refinado turbo y el tosco kerosene: 4.5 galones de uno u otro ayudan a convertir 100 kilos de hoja de coca en un kilo de pasta básica de cocaína.
De esa manera, miles de galones de turbo, enviados a las zonas de operaciones como energía para el vuelo operativo de los helicópteros, habrían terminado en pozas de procesamiento convirtiendo la hoja de coca en pasta básica de cocaína.
¿Era en realidad turbo, o no? El fiscal especializado Edwin Rojas tuvo el tino de enviar muestras para ser analizadas en tres lugares diferentes. El análisis de la Policía en Huancayo arrojó elementos de Turbo y de kerosene, lo cual, dado el tronco común, no es difícil mezclar ni en el tanque ni en el análisis. Lo que falta aún, al escribir esta nota, es el peritaje de la refinería La Pampilla.
IDL-Reporteros, la publicación de periodismo de investigación en internet que dirijo, ha publicado un informe extenso, con fotos y documentos relevantes, sobre el tema. Se lo puede leer en reporteros.pe
Hoy, jueves 10, la Dirandro elevará el atestado y el viernes 11, el fiscal Rojas presentará la acusación ante el juez en Chanchamayo. Probablemente pida más tiempo para realizar diversas diligencias antes y después de la captura de los fugitivos. Entre ellas el interrogatorio al personal del Ejército que laboró en la estación de recarga en Satipo, especialmente entre mayo y agosto de 2010.
Si en un teatro de guerra contra el senderismo y de represión contra el narcotráfico alguien vende el combustible que permite volar a los helicópteros para ser usado, precisamente, en narcotráfico, ¿no representa eso un nivel de corrupción que está apenas a milímetros de la peor descomposición institucional que se puede ver, por ejemplo, en México?
¿Cómo ha reaccionado el ministerio de Defensa ante un caso así? A menos que haya habido un cambio dramático en estos días, la posición de su inspector general, Jorge Kisic, ha sido la de no querer ver nada. (Sus declaraciones en reporteros.pe).
¿Tiene esto algo que ver con la mafia de generales gasolineros cuya corrupción fue expuesta a fines de 2006? Claro que sí. Para empezar, ese caso no termina hasta hoy. Ningún “gasolinero” ha sido sentenciado casi cinco años después. Celia Cruz hubiera podido escribir el guión de lo que pasó: el ministro Wagner despidió a Reinoso; Donayre quedó ñato de la risa cuando bajaron a Wagner; pero mucho menos contento cuando Guibovich lo reemplazó a aquél, pero Contreras y su gente mantuvieron acosado a Guibovich; y cuando Tito da Silva reemplazó a éste, Donayre pudo decir que las cosas habían vuelto a la normalidad.
Reinoso y Donayre enfrentan juicio oral por la millonaria gasolina en la Segunda Sala Penal Especial. Contreras fue exonerado, aunque el fiscal ha apelado esa decisión. Es un contraste para ellos, es verdad, pero de otro lado, su influencia en el Ejército se mantiene y la gente que los denunció ha quedado en el camino. Marlene Berrú, la valiente fiscal que investigó el caso y soportó todo tipo de presiones, fue retirada sin explicaciones del sistema anticorrupción por Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación.
Si hay un caso que epitomiza el manejo sinuoso, fariseo y venal de la lucha anticorrupción en el gobierno de Alan García, es éste. Pero no hay acción sin consecuencia ni corrupción sin contagio.
Como les podrán explicar, si todavía no entendieron, si van al grifo ‘Moralitos’ en Pichanaki y esperan la llamada del “capitán Omar”.
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