(Editorial) Desinterés gubernamental en la política antidrogas
El Informe Mundial sobre las Drogas 2010, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), da cuenta de que en nuestro país la extensión de cultivos ilegales de hoja de coca creció...
El Informe Mundial sobre las Drogas 2010, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), da cuenta de que en nuestro país la extensión de cultivos ilegales de hoja de coca creció el año pasado. Esto ya es una tendencia enraizada en este último quinquenio, cuando los cultivos aumentaron en 13.000 hectáreas. El ritmo de crecimiento anual, es cierto, no ha sido constante: en el 2010 fue del 2% y en el 2009 del 6%. Si bien el aumento del 2010 fue menor que el del 2009, se nota ya un patrón de incremento de cultivos ilegales.
Igualmente, el 80% de las hectáreas sembradas de coca son ilegales y destinan la hoja a la mafia productora de droga. Frente a esta realidad está claro que la política gubernamental requiere ser reenfocada para alcanzar las metas que otros países sí han logrado.
El informe de la ONU señala que, aunque los traficantes colombianos produjeron la mayor parte de la cocaína que circuló mundialmente en los últimos años, desde el 2000 ese país ha logrado reducir la superficie de cultivo ilegal de coca en un notable 58%, gracias a la fortaleza y eficiencia de sus programas de erradicación. En el mismo período, los cocales ilegales se extendieron 38% en el Perú, y se duplicaron en Bolivia (hasta un 112%), y esto “mientras que los traficantes en ambos países aumentaron su propia capacidad para producir cocaína”, indica el documento.
Los desalentadores resultados no son una novedad, pues solo las estrategias aplicadas coordinadamente en el Alto Huallaga están dando frutos. El gobierno saliente –hay que decirlo– no se ha preocupado en intensificar y fortalecer la lucha antidrogas en el resto del país. En otras zonas cocaleras no se impulsan la erradicación intensiva, los cultivos alternativos, el control del lavado de activos ni la vigilancia sobre los insumos químicos utilizados en la producción de la droga. Esto último, una medida que contribuiría grandemente a detectar los clandestinos “laboratorios” y a los criminales que los manejan. Esta responsabilidad se transfiere al próximo gobierno, que deberá replantear las estrategias, incluidas aquellas para enfrentar la comercialización de drogas, que tanto daño causa en el ámbito local. Según Cedro, un millón y medio de peruanos son hoy enfermos drogodependientes, de los cuales 90% son varones y 10% mujeres.
El Ministerio de Interior debería empezar por explicar a la ciudadanía por qué la Dirección Antidrogas de la PNP (Dirandro) “hace lo que puede” para combatir el narcotráfico. Esto es, a 34 organizaciones que funcionan en el país –involucradas en lavado de activos– y 23 bandas vinculadas con la comercialización de la cocaína y asociadas con los carteles mexicanos y colombianos.
Los ínfimos recursos de la Dirandro –el Perú recibe de la ayuda internacional US$28,5 millones, mientras Colombia maneja US$400 millones– grafican ampliamente la inacción y falta de interés del gobierno para resolver este creciente problema que genera violencia, corrupción y atenta contra la salud del ambiente y de la población.
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