(Editorial) Yehude Simon y una propuesta contra la transparencia congresal
La encuesta nacional que publicamos hoy muestra aceptación y expectativa de la población en torno al renovado Congreso. Por eso resulta lastimosa la propuesta del segundo vicepresidente del Legislativo, Yehude Simon, ex militante de Izquierda Unida, fundador del movimiento Patria Libre, ex primer ministro del gobierno aprista y hoy congresista por Alianza por el Gran Cambio, el partido de PPK.
Simon ha tenido la peregrina idea de proponer la modificación del reglamento congresal para introducir sesiones reservadas en el hemiciclo. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿El ex editor de la revista “Cambio” no repara en el grave daño que puede causarle a la institucionalidad democrática? ¿Existe una agenda propia que el país y sus propios correligionarios desconocen? Si algo genera daño, desconfianza y corrupción es la llamada “cultura del secreto”, tan repudiada por el recordado presidente de la transición Valentín Paniagua.
La iniciativa Simon es inoportuna y antidemocrática. Los poderes del Estado deben dar muestras de apertura y una medida de este tipo resulta contraproducente. El Congreso puede recuperar su prestigio y credibilidad, y podrá reforzar su legitimidad para dar las leyes que el país necesita y fiscalizar la cosa pública solo con autoridad moral. La población está expectante y quiere creer que las cosas van a cambiar.
Los nuevos padres y madres de la patria deben recordar que junto con la división y el balance de poderes, uno de los principios fundamentales del sistema democrático es la transparencia de la gestión pública y el respeto pleno al orden constitucional y las libertades de expresión, prensa y opinión, todo lo cual se afectaría por el oscurantismo que inexplicablemente propone Simon. Efectivamente, según el reglamento del Congreso, las sesiones deben ser públicas y la única excepción para declararlas secretas (artículo 51 del Reglamento) es cuando se trata de “asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran”.
Introducir ahora el concepto de “sesiones reservadas” bajo la premisa de “evitar escándalos públicos”, sería abrir las puertas para la caprichosa discrecionalidad, el nefasto secretismo y hasta a la corrupción y el abuso contra las minorías.
¿Cómo se vaticinaría cuál sesión o cuál no terminará en escándalo? ¿La intervención de determinado congresista sería suficiente para llamar a “sesión reservada”? ¿Cómo podría evitarse que los prejuicios personales y políticos influyan en la decisión?
El Congreso –bien lo ha dicho su presidente Daniel Abugattas– está para cosas mayores y más importantes. ¿Para qué pues darse el lujo de perder tiempo valioso en modificar su reglamento en un punto tan controversial? Recordemos que en agenda están temas de trascendencia nacional, como las prometidas leyes contra el transfuguismo y la corrupción.
Esperemos que prime la sensatez y la convicción democrática, expresada en las últimas horas, de la mayoría de bancadas para rechazar un proyecto sin pies ni cabeza, como no sea para tratar de confundir a la opinión pública o ganar titulares. Ya miembros de la propia bancada de Simon se han mostrado contrariados por la malhadada propuesta.
Lo que el país espera es avanzar en la institucionalidad democrática y esto pasa por abrir las puertas a la participación y a la fiscalización ciudadanas, no por cerrarlas. La prensa, como ha dicho el presidente Ollanta Humala, está para fiscalizar y ayudar a los poderes públicos, y eso es lo que, dentro de un régimen democrático pluralista, se debe promover y no restringir. Cualquier proyecto mordaza e intervencionista de censura debe ser rechazado.
Los congresistas representan a los ciudadanos y se deben a ellos. Esto los obliga a rendirles cuentas permanentemente de su accionar. Formalizar y generalizar las sesiones reservadas solamente lograría generar desconfianza en un poder del Estado que hoy goza de niveles de aprobación sin precedentes en los últimos años, debido a la expectativa generada por sus nuevos actores.
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