(Editorial) Permisos a terroristas: una burla al país
Es verdad que todos tenemos derecho a la readaptación y reinserción social, pero hay reglas legales que cumplir…
Los polémicos permisos de viaje al exterior concedidos por algunos jueces a varios sentenciados por terrorismo son, además de un pésimo precedente legal, una burla a las víctimas y al país.
Solo en los últimos días se ha autorizado los viajes a los emerretistas Lori Berenson y Lautaro Mellado a sus países de origen, Estados Unidos y Chile, respectivamente, pese a tener libertad condicional y contraviniendo expresas normas.
Según el Decreto Legislativo 927, artículo 6: “El juez penal, al conceder el beneficio penitenciario de liberación condicional, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado”, además de otras reglas y prohibiciones muy difíciles de controlar en el extranjero.
Por el contrario, la argumentación de los magistrados es, por decir lo menos, poco consistente, pues refieren que, en el caso de Berenson, no puede limitarse su derecho a la familia, y que la solicitud de viaje no implica una perturbación al cumplimiento de la ejecución de su condena. En el caso de Mellado se invocan razones de salud que, como ha denunciado el procurador antiterrorismo, Julio Galindo –que ha apelado prestamente las resoluciones judiciales–, son rubricadas por un médico pediatra.
¿Y qué pasa si estos condenados por terrorismo deciden no regresar? Es verdad que todos tenemos derecho a la readaptación y reinserción social, pero hay reglas legales que cumplir, sobre todo cuando se trata de personas que han hecho tanto daño al país y no han cumplido siquiera con pagar la reparación civil. ¿Y qué pasará con las otras solicitudes en curso, de cabecillas terroristas como Nancy Gilvonio, esposa de Néstor Cerpa, que ha pedido se le permita viajar a Francia?
El Perú, aún en proceso de saneamiento institucional, social y moral tras los años de barbarie terrorista, no puede permanecer impasible ante estos excesos por parte de magistrados que abusan de su autonomía, dejan mal parado al Poder Judicial y siembran serias dudas sobre los reiterados anuncios de reforma, eficiencia, lucha contra la corrupción y mejora de credibilidad.
Los órganos contralores judiciales tienen que tomar cartas en el asunto e investigar a los magistrados involucrados, para evitar interpretaciones antojadizas y sospechosas de la ley que desvirtúan escandalosamente el principio de justicia y despiertan la justificada indignación nacional.
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