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viernes, 3 de febrero de 2012

Humala: El Perú no puede darle ni un centímetro a los terroristas

JNE advierte que se mantiene el proceso judicial contra Movadef
El presidente Ollanta Humala subrayó que el país “no puede dar ni un centímetro a los movimientos violentistas” que pretenden destruir la institucionalidad del país y añadió que no se puede admitir a quienes pretenden acabar con la democracia.
El jefe de Estado formuló estas expresiones tras ser consultado sobre el desistimiento del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) a la apelación de una resolución que le denegó su inscripción partidaria y sobre las acciones legales a adoptarse frente a grupos vinculados a la subversión.
“El Perú no puede darle ni un centímetro a los que son movimientos violentistas y terroristas y que tienen aún remanentes en zonas de emergencia. No podemos admitir que nuestra democracia sea ingenua”, manifestó a TV Perú.
Recordó que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso estableciendo que ninguna agrupación que tenga una ideología subversiva pueda inscribirse como partido político, tras la pretensión del Movadef de pedir su inscripción.
“No podemos admitir que haya duda entre lo que es la democracia y los que quieren destruir la democracia”, añadió.
No se salvan
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones afirmó que la denuncia contra el Movadef, por delitos electorales, continuará hasta el final, pese a desistir en su intención de inscribirse como partido.
Virgilio Hurtado, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, recordó que el JNE denunció a dirigentes del Movadef por presunta falsificación de firmas para su inscripción y la presentación comités partidarios inexistentes.
“El proceso de inscripción va por cuerda separada de la acción penal, cuyo curso continuará hasta el final, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial determinen en última instancia si hubo delito o no y determine quiénes son los responsables”, declaró a la Agencia Andina.
Explicó que la denuncia se basa en lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones, que contiene un capítulo sobre delitos electorales, y el Código Penal, con un conjunto de faltas reunidas en la categoría de delitos contra la voluntad popular.

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