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viernes, 20 de julio de 2012


Usted me dio la orden de matar

 
Usted me dio la orden de matarHurtado señala al general Mori.

 
Telmo Hurtado, autor material confeso del asesinato de 31 campesinos de la localidad ayacuchana de Accomarca, el 14 en agosto de 1985, afirmó ayer, cara a cara, a su otrora superior, el general (r) Wilfredo Mori Orzo, exjefe político militar de Ayacucho, que éste permitió ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho y que le ordenó la “limpieza” de testigos luego de la referida masacre que dejó en total 69 muertes.


    
 
Telmo Hurtado encaró al general Mori en tenso careo en penal Castro Castro "
El ahora mayor en retiro manifestó que como suboficial y jefe de patrulla no pudo tomar decisiones por su cuenta y que el exjefe oficial de inteligencia Gustavo Uribe Restrepo, junto a otros oficiales, le dieron órdenes verbales, como era usual durante aquellos años de guerra, para eliminar a los comuneros de Accomarca.

“Entonces, yo me reuní con usted. Usted me dio la orden (de desaparecer testigos), porque tenía conocimiento de todo lo que pasó en Accomarca. Usted permitió eso”, le dijo Hurtado con la mirada fija a Mori Orzo, separados apenas por dos metros, ante la Sala Penal Nacional en la sala de audiencias del penal Castro Castro.

Hurtado contó que tras haber sido denunciada por la prensa la masacre de Accomarca, por mandato de sus jefes inmediatos se entrevistó con Mori Orzo en la Villa Militar de Chorrillos, donde vivía éste, el 19 de setiembre de 1985, y recibió órdenes precisas para desaparecer vestigio alguno en Accomarca.

“Yo subí en un helicóptero para ir a Accomarca y usted me puso un guía, un comandante y otro oficial para hacer la limpieza. ¿Cómo podía yo organizar todo siendo solo un suboficial? ¡Explíqueme!”, levantó la voz Hurtado debido a que sus 30 coacusados en este caso lo insultaban en voz baja.

“Usted asesinó a la gente y quiere hacer quedar mal a la institución por revanchismo, involucrando a toda la institución. Yo soy un oficial digno y con mis oficiales siempre respetamos la Constitución”, le respondió Mori Orzo, quien sugirió incluso que Hurtado tendría problemas mentales.

Hurtado aseveró que no pudo confesar antes sus delitos porque la justicia militar cambiaba su versión para proteger a los oficiales y porque su silencio le permitió ascender a grado de mayor.

—“No tengo por qué mentir. Yo en un principio no dije nada para protegerlos, para que ustedes tengan una vida tranquila. Pero ya me cansé de ese señalamiento”, afirmó.

—“Su versión es inverosímil. No se dieron ejecuciones. ¿Quién le va a creer esa historia?”, espetó Mori Orzo, que evitando la mirada de Hurtado, no paró de tildarlo de mentiroso.

Hurtado, tras enfatizar que no solo es su versión la que inculpa a Mori Orzo sino otras que han permitido la apertura de procesos por ejecuciones en aquellos años, refirió que él mismo fue testigo de 14 ajusticiamientos en julio de 1985 en el cuartel Los Cabitos.

“Aquí no se trata de quién es probo. Hay gente sentenciada ya por ejecuciones extrajudiciales. Yo seré sentenciado y estoy seguro que usted también. Ya es tiempo, general Mori, que acepte su responsabilidad de que sucedieron cosas y que los oficiales lo ordenaron y lo permitieron”, puntualizó.


Henry CamposRedacciónCompartir en facebo

miércoles, 18 de julio de 2012


Tarata y La Cantuta

 
Hace veinte años ocurrieron dos crímenes de lesa humanidad (no uno solo): en medio de una escalada Sendero Luminoso hizo explotar un coche bomba en el centro de Miraflores causando 25 muertos, muchos heridos y gran destrucción. Anteayer se han hecho las conmemoraciones recordando este terrible acontecimiento. 

  
  

 
Raúl Wiener
Raúl Wiener
POLITIKAAnalista
Pero, apenas unas horas después del bombazo, el Grupo Colinaentraba a la Universidad de Educación bajo la cobertura del toque de queda y secuestraba a nueve alumnos y un profesor, para asesinarlos al filo de la madrugada en la carretera Ramiro Prialé. Era el vuelto del gobierno Fujimori por el golpe recibido.

Para los servicios de inteligencia, algunos de los estudiantes de La Cantuta eran cercanos a Sendero Luminoso y utilizaban la logística de la casa de estudios para la alimentación, hospedaje y refugio de sus cuadros. Habrá que esperar ciertamente ver los diarios de hoy para ver si todos los caídos injustamente son tratados de la misma manera.

Pero, a propósito de esto, el perseguido político más notorio de las redes sociales, acaba de inventar otro capítulo de la saga la “derecha calumniada”. En resumen, y para variar, son los caviares los que crearon la versión tan repetida según la cual Lima recién tomó nota del terrorismo con el atentado de Tarata. 


Bueno, eso es una mentira de mitómano, porque los que confesaron este sentimiento fueron políticos, empresarios, periodistas y otros que nunca habían sentido la muerte cerca en doce años de guerra por vivir en barrios que parecían invulnerables.

Claro, el cándido de la revocatoria es diferente, a él, como lo cuenta en varios artículos, lo buscaban las bombas por vivir cerca a embajadas o por hacer de cuidante de sus amigos que hacían el amor en un parque de San Isidro. Entonces él se dio cuenta del peligro y se las picó para España.

Pero hoy mismo cuando se hace el recuento de dos décadas, las expresiones siguen siendo que con Tarata el Estado reaccionó y se decidió a acabar con Sendero (Guzmán fue detenido en septiembre de ese año), lo que implica decir que la subversión había desafiado el centro del poder burgués y había que acabar con ella.

O sea decenas de atentados en Villa el SalvadorVilla María del Triunfo, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, Ate y otros distritos populares, no terminaron de conmover al poder, como sí lo hizo Tarata.

Por supuesto, para qué hablar de Ayacucho y otras regiones que perdieron un alto porcentaje de sus miembros. Aunque le duela, al que le duela, hay un desdén implícito por el sufrimiento de los pobres que se repite en muchos otros aspectos de la vida.

En el curso de la guerra yo tuve que confirmar que el hombre acribillado en una calle de Vitarte era el dirigente textil Castilla, miembro del Comité Central del PUM. Estuve en riesgo en muchos viajes al interior, tanto por la represión como por los senderistas. Tuve que contar amigos muertos.

En noviembre del 89, la izquierda marchó sola contra el paro armado de Sendero Luminoso que paralizóLima. Pero de lo que más me enorgullezco es de la serie de artículos polémicos que intercambiamos entre la revista Amauta que yo dirigía y El Diario de Sendero, que luego se reunieron en el libro “Guerra e Ideología” (año 1990), que es como entendemos hasta hoy la “lucha ideológica”. De eso y de nunca haber perdido de vista que al lado de Tarata existió La Cantuta, que otros olvidan.

Yo tenía 18 años cuando ingresé a la universidad, en tiempo de alta politización del movimiento estudiantil, y una de las primeras cosas que ganó mi atención fue la campaña por la amnistía para los presos políticos, que estaba dirigida a lograr La Libertad de los guerrilleros de 1965 y otros dirigentes de izquierda que estaban en la cárcel, entre ellos Hugo Blanco.

Rápidamente nos identificamos con la idea sencilla de que los que estaban presos por razones políticas debían ser liberados, aunque nada parecía indicar que eso ocurriría durante el primer gobierno de Belaunde, contra el cual se había levantado la guerrilla de Luis de la Puente y Guillermo Lobatón.
Por esa época circulaba un folleto denominado “Las guerrillas en el Perú y su represión” (El libro Blanco), elaborado por el Ejército que en cada página descargaba las peores denuncias contra los hombres que estuvieron en la guerrilla y su supuesto entorno conformado por abogados, sindicalistas y otros que habían intervenido en momentos en que estaba vigente la pena de muerte para los insurrectos, la que nunca se aplicó.
El hecho es que muchos leímos ese documento, que en mi caso lo encontré en la sala de mi casa, y por supuesto no llegué a conocer a nadie que se sintiera tocado por sus denuncias.
Y no solo se trataba de la opinión militar, sino que la totalidad de medios arrancó a avisar que el radicalismo que se percibía en las universidades y campañas como la de amnistía era el comienzo de una nueva etapa de violencia.
En octubre de 1968, Fernando Belaunde fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Velasco y en diciembre de 1970, los propios militares dictaron una amnistía amplia que estaba asociada a las reformas y nacionalizaciones de ese período.
A mí, el general Jorge Fernández Maldonado me dijo en los años 90 que los coroneles decidieron hacer una revolución para evitar que hubiese más enfrentamientos entre peruanos y la Fuerza Armada fuera obligada a matar campesinos.
Ya sabemos que la historia fue mucho más compleja, que Morales Bermúdez traicionó a Velasco, se alió a la derecha y se enfrentó a las masas. Ese fue el prolegómeno del levantamiento senderista que se insertó en las frustraciones de la sociedad y generó una etapa de violencia mucho más traumática que lo anterior.
Ahora lo que me pregunto es qué está pasando con los jóvenes del Movadef. Todo el mundo dice que lo que se tiene que hacer con ellos es hacerles ver videos de la guerra, revisar fotos y escribirles libros de historia para secundaria.
Pero me temo que para quienes nacieron después de esa época aciaga eso va a ser como el libro blanco de los militares de hace casi 50 años. Un columnista contó en estos días una anécdota sobre un debate que Sendero venía boicoteando desde la parte alta del auditorio.
Ante esta situación el maestro de ceremonias invitó a que alguien de los que gritaban pasara al frente y sustentara sus ideas. La intervención fue tan deficiente que el grupo senderista se retiró sigilosamente.
¿Se imaginan a Gonzalo Portocarrero enfrentado con Alfredo Crespo en el estrado? Porque lucha ideológica no es el retrato eterno de Tarata. Sobre todo si el Estado con el que se los enfrenta tiene la responsabilidad actual de muertos, heridos y otros crímenes que están a la vista.
Raúl Wiener

Terroristas se burlan de la justicia mientras PJ acosa a ex autoridades

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Procurador Galindo asegura que su despacho insistirá con cobro de reparaciones civiles.
CARLOS NAVEA P.
Monto insignificante. El procurador antiterrorista Julio Galindo informó ayer que de los 3 mil 783 millones de soles que debe la cúpula senderista y del MRTA al Estado, por concepto de reparación civil, solo se ha hecho efectivo –hasta el momento– el pago de 600 mil soles, monto que significa una burla para el país en vista del daño irreparable que estos terroristas nos causaron. A esto sumémosle que el Perú ha destinado más de US$ 16 millones 545 mil para el pago de indemnizaciones que fueron dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel de la CIDH se amortizaron US$ 976 mil 702 en soluciones amistosas con terceros (Lori Berenson, Castillo Petruzzi, Juárez Cruzat, y otros subversivos).
Galindo indicó a EXPRESO que la Procuraduría que representa está llevando a cabo el desarrollo de las reparaciones civiles de forma “progresiva y sostenidamente”. “La verdad hemos avanzado bastante”, agregó al destacar el apoyo que tiene del ministro Juan Jiménez en esta tarea.
Explicó que, por ejemplo, a la senderista Elena Iparraguirre se le ha embargado tres departamentos ubicados en la Residencial San Felipe, Cercado de Lima y la Residencial Santa Cruz. En tanto, a Aníbal Apari Sánchez, esposo de la terrorista Lori Berenson, se le ha sustraído una serie de patrimonios para hacer efectivo el cobro deS/. 20 mil que se le impuso como reparación.
El dato
Sobre la posibilidad de dar lugar al cobro a la reparación civil impuesta al sanguinario Abimael Guzmán, Julio Galindo señaló que  su oficina realizará prontamente el embargo de una propiedad.

Detienen a informante del Ejército en caso Pucará

Pucará. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza.
Pucará. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza.
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La Policía capturó a Roberto Cruzada Yalapoma, conocido como “Rompe”, el informante del Ejército que en los años 80 señaló a un grupo de pobladores de Pucará, en Huancayo, como integrantes de Sendero Luminoso.
En base a esa información, el Frente Político Militar del Centro realizó un operativo y ejecutó extrajudicialmente a los ocho pobladores sindicados por Cruzada Yalapoma como senderistas.
Justamente la detención de Cruzada Yalapoma, que se habría producido el viernes 13 de julio, fue informada ayer a la Sala Penal Nacional en audiencia pública del juicio que se realiza por este caso.
La Fiscalía ha acusado a 16 militares del delito de asesinato, y ha pedido para ellos una pena de 20 años de prisión y el pago de cien mil soles por concepto de reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.
En la acusación, Cruzada  es considerado cómplice primario de múltiple homicidio. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nunca se ha probado que las víctimas hubieran participado en actividades terroristas.
La matanza de Pucará ocurrió el 4 de noviembre de 1989 y habría sido ejecutada por personal militar del Batallón "Inclán", vestidos de civil y con armas con silenciadores.
Al juicio –a cargo de la Sala Penal Nacional e iniciado el 19 de noviembre del 2011– solo asisten 10 acusados, otros cinco están ausentes.