La ciudadanía exige un deslinde de responsabilidades y la mano drástica de la justicia para desbaratar estas mafias…
A dos años del escándalo desatado por las ilegales interceptaciones telefónicas realizadas por Business Track (BTR), ¿podemos estar seguros de que en el Perú no sigue esta oscura práctica que viola abiertamente el derecho a la privacidad que asiste a la ciudadanía?
La respuesta es no, y todo indica más bien que esas mafias siguen en actividad. Muestra de ello fueron los audios aparecidos durante la campaña municipal, cuyo fin fue petardear la campaña de Lourdes Flores Nano a la Alcaldía de Lima, y más recientemente conversaciones interceptadas que pretenden echar sombras sobre la plancha del ex alcalde y hoy candidato Luis Castañeda Lossio.
Preocupan, en tal contexto, los retrasos y aparente encubrimiento, que involucrarían a fiscales, jueces y políticos, para detectar los intereses y financistas detrás de las interceptaciones telefónicas y del escandaloso caso de los llamados ‘petroaudios’.
Hay muchas preguntas que nadie responde: ¿Por qué, a dos años de la detención de los ex integrantes de BTR, el proceso a Rómulo León, Alberto Quimper y el empresario dominicano Fortunato Canaán no llega al juicio oral? ¿Cómo pudo perderse información clave contenida en los USB y por qué nadie fue sancionado por ello?
Sumemos a esto que las comisiones investigadoras del Congreso no llegaron a ninguna conclusión y comprenderemos que el panorama es bastante turbio.
El caso de los ‘petroaudios’, que se trajo abajo al Gabinete Del Castillo, es la punta de un iceberg de esa corrupción enquistada por largas décadas en los diversos ámbitos de la sociedad, tanto público como privado. Corrupción que corroe las bases mismas de la democracia y la credibilidad de sus instituciones.
Está claro que existe una vasta red de tráfico de influencias y lobbies ilegales para hacerse de millonarios contratos estatales, pero también una inmoral mafia de interceptación de comunicaciones que viola la privacidad y la intimidad de las personas y trafica con información para amedrentar, chantajear y enriquecerse.
Las interceptaciones –guiándonos por recientes denuncias– siguen perpetrándose impunemente. Estos grupos mafiosos han llegado inclusive a infiltrarse como técnicos de las empresas de telefonía, con la simple intención de seguir extendiendo su red y convertirse en un gran poder en la sombra para manipular la agenda del país.
Compete al Gobierno poner en marcha las más efectivas y duras iniciativas anticorrupción, y la transparencia que se anuncia con bombos y platillos en todos los poderes del Estado. Los representantes de tales poderes no pueden seguir prestándose al juego de un desconocido titiritero que, aparentemente al menos, parece tenerlos paralizados quizá por conocer sus secretos y debilidades, a través de esta red de escuchas.
La ciudadanía exige un deslinde de responsabilidades y la mano drástica de la justicia para desbaratar estas mafias delictivas que pretenden desestabilizar al país, ensuciar el proceso electoral en curso y seguir recabando información violando el derecho a la intimidad y la privacidad de diversos personajes de los sectores público y privado.
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