Hoy juran nuevos titulares de la judicatura. César San Martín y Héctor Lama tienen como eje principal de su gestión reducir los niveles de corrupción judicial.
El problema es difícil, pero por algún lado se tiene que empezar. Conscientes de ello, los electos presidentes de la Corte Suprema, César San Martín; de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama; y de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, han decidido unir esfuerzos para combatir el flagelo de la corrupción que, desde hace varios años atrás, ha convertido al Poder Judicial en una de las instituciones más desprestigiadas del país.
La tarea no se presenta nada fácil, y así lo entiende San Martín, quien en entrevista con Perú.21 se comprometió a “bajar la corrupción y sancionar las conductas indebidas. Pero, a veces, dos o tres decisiones muy malas echan a perder un trabajo muy fuerte, y de eso se nutre la percepción de la población”. El vocal supremo añadió que se aplicará una política de transparencia y control efectivo en temas judiciales y administrativos, para lo cual adelantó que coordinará con la Contraloría las acciones que podrían aplicarse en la judicatura para vigilar el servicio administrativo, pues “yo no transo con la ilicitud”.
La situación se repite, quizá en mayor magnitud, en la Corte de Lima, donde poco o nada hizo el saliente César Vega –quien fue cuestionado por su extrema cercanía al Partido Aprista– para sancionar las irregularidades reportadas. Lama señaló a este diario que está consciente del arraigo de la corrupción en los diversos estamentos de la judicatura, por lo que una de sus primeras medidas será revisar lo ejecutado por su antecesor y conocer los pasivos de esa gestión.
“Se trata aquí de bajar la carga procesal que afronta la Corte de Lima y verificar que los plazos procesales sean cumplidos, pues estamos conscientes de que la dilación produce corrupción y no vamos a permitir ningún tipo de corruptela”, aseguró el magistrado, quien además indicó que se instalará una comisión consultiva de magistrados con quienes evaluará “en qué estado encontramos la Corte y las medidas que se asumirán”.
Y si en algo coinciden San Martín y Lama es en el objetivo de bajar el número de jueces y vocales suplentes o provisionales, para lo cual ambos coordinarán con el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo pronto, el compromiso de Lama es “mantener la estabilidad de los magistrados para que no se les cambie de despacho a cada rato”.
OCMA EN ACCIÓN. En esta misma línea se encuentra el presidente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, quien espera reducir, “al menos en un 30% los índices de malas prácticas y corruptelas por parte de los magistrados”, para lo cual ha instalado un sistema de denuncias ciudadanas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y a través de la web www.ocma.pj.gob.pe.
“La política de la OCMA es investigar de forma rápida y oportuna las denuncias pues entendemos que el retardo de las mismas es el caldo de cultivo de la corrupción y la impunidad”, dijo a Perú.21, y adelantó que en esa labor de fiscalización se incluirán también a abogados que realicen demandas maliciosas.
La tarea no se presenta nada fácil, y así lo entiende San Martín, quien en entrevista con Perú.21 se comprometió a “bajar la corrupción y sancionar las conductas indebidas. Pero, a veces, dos o tres decisiones muy malas echan a perder un trabajo muy fuerte, y de eso se nutre la percepción de la población”. El vocal supremo añadió que se aplicará una política de transparencia y control efectivo en temas judiciales y administrativos, para lo cual adelantó que coordinará con la Contraloría las acciones que podrían aplicarse en la judicatura para vigilar el servicio administrativo, pues “yo no transo con la ilicitud”.
La situación se repite, quizá en mayor magnitud, en la Corte de Lima, donde poco o nada hizo el saliente César Vega –quien fue cuestionado por su extrema cercanía al Partido Aprista– para sancionar las irregularidades reportadas. Lama señaló a este diario que está consciente del arraigo de la corrupción en los diversos estamentos de la judicatura, por lo que una de sus primeras medidas será revisar lo ejecutado por su antecesor y conocer los pasivos de esa gestión.
“Se trata aquí de bajar la carga procesal que afronta la Corte de Lima y verificar que los plazos procesales sean cumplidos, pues estamos conscientes de que la dilación produce corrupción y no vamos a permitir ningún tipo de corruptela”, aseguró el magistrado, quien además indicó que se instalará una comisión consultiva de magistrados con quienes evaluará “en qué estado encontramos la Corte y las medidas que se asumirán”.
Y si en algo coinciden San Martín y Lama es en el objetivo de bajar el número de jueces y vocales suplentes o provisionales, para lo cual ambos coordinarán con el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo pronto, el compromiso de Lama es “mantener la estabilidad de los magistrados para que no se les cambie de despacho a cada rato”.
OCMA EN ACCIÓN. En esta misma línea se encuentra el presidente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, quien espera reducir, “al menos en un 30% los índices de malas prácticas y corruptelas por parte de los magistrados”, para lo cual ha instalado un sistema de denuncias ciudadanas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y a través de la web www.ocma.pj.gob.pe.
“La política de la OCMA es investigar de forma rápida y oportuna las denuncias pues entendemos que el retardo de las mismas es el caldo de cultivo de la corrupción y la impunidad”, dijo a Perú.21, y adelantó que en esa labor de fiscalización se incluirán también a abogados que realicen demandas maliciosas.
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