A 40 suman rehenes en manos de SL que pide pago de “cupo de guerra” para liberarlos

entre ellos seis menores de edad, mientras gobierno envía 400 efectivos para iniciar búsqueda

Las informaciones que la Policía Nacional adelantó en la víspera, de que Sendero Luminoso solo tenía siete secuestrados, luego de su incursión en la zona de Kepashiato, Cusco, fueron desmentidas por la alcaldesa de La Convención, Fedia Castro Melgarejo, quien aclaró que hasta el momento no hay liberados.

“Quiero desmentir la versión dada por el gobernador de Cusco y la gobernadora de Quillabamba en el sentido de que habrían liberado a 23 rehenes. Es completamente falso. Como autoridad de La Convención tengo la versión oficial y la obligación de comunicar que son 40 rehenes, 31 de la empresa Skanska y 9 que pertenecen a Construcciones Modulares”, afirmó.

“No hay ningún liberado. Se trata de 40 peruanos, 40 vidas que están en peligro y por eso hago esta aclaración a la opinión pública”, agregó. Precisó que esto era por medio de una comunicación directa de la empresa, y que por eso personalmente se dirigía a Kepashiato.

Cabe precisar que, luego de apropiarse de equipos de las firmas privadas, los senderistas permitieron que una médico y una enfermera regresaran a la ciudad con una especie de carta donde hacían sus exigencias al Gobierno.

600 en la búsqueda

Un chofer que también fue liberado, Arístides Cruz, comentó a una página web local que entre los terroristas se encontraban al menos seis menores de edad de entre 14 y 15 años aproximadamente. En tanto, en Kepashiato, esposas de tres trabajadores piden información a Skanska sobre sus parejas.

Si bien representantes del Ministerio de Defensa y del Interior no quisieron pronunciarse sobre este desmentido, se supo que alrededor de 400 efectivos policiales y militares han llegado a la zona.

Mediante su página web, Correo difundió la nota enviada por la columna subversiva, la misma que exige un millonario rescate o una ‘cuota de guerra’, a cambio de la liberación de los rehenes.

En otra hoja de requerimientos, enviada con una médico y dos enfermeras, solicitan diez millones de dólares, diez rollos de mecha detonador, 500 unidades de fulminante eléctrico, mil unidades de fulminante común y diez cajas de cartuchos de dinamita.

Igualmente exigen el pago de cupos “en forma mensual o anual”, por un monto aproximado a 1,200,000 dólares americanos, y celulares o radios, para mantenerse en contacto con las autoridades.

Como si fuera poco, en la Región Pasco aparecieron banderas rojas con la hoz y martillo, además de unos panfletos regados por las calles, específicamente en el distrito de Yarusyacán.

SL en Pasco

Los estandartes fueron colocados en el cementerio general, en la puerta del local comunal y a la altura de la vivienda de la gobernadora, Jovita Picoy. Hasta el lugar se constituyó personal especializado de la Policía Nacional, para las investigaciones del caso.

“Las Fuerzas Armadas deben actuar de inmediato. Acá están en riesgo las vidas de decenas de personas y el Gobierno no da la orden por prejuicios sobre quién debe o no debe actuar. Nadie quiere actuar y luego podría ocurrir una tragedia”, reclamó el congresista Carlos Tubino.

Dijo que está en desacuerdo con la posición del presidente Ollanta Humala. “Creo que no se está encarando el problema en esa zona con la todos los estamentos del Estado. Yo critico que no estén las Fuerzas Militares luchando activamente contra el narcotráfico”, aseveró.

El también almirante en retiro indicó que el Gobierno no debe esperar a que los delincuentes ejecuten a sus víctimas para ordenar la incursión de las FFAA y la PNP. “Han tenido tiempo para recabar toda la información necesaria y pasar a la ofensiva”, añadió.