GENERAL WILSON BARRANTES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

jueves, 7 de octubre de 2010

“Terroristas pueden retomar sus actividades subversivas”

Politica

Recientes excarcelaciones de terroristas son un peligro, señaló.El almirante Rolando Navarrete dijo a EXPRESO que las excarcelaciones de las emerretistas Lori Berenson y Nancy Gilvonio son un peligro, pues advirtió que ambas podrían retomar sus actividades subversivas. En este sentido, precisó que es lamentable que se estén liberando a personajes que tuvieron una participación activa en actos terroristas, por lo que mostró su total desacuerdo sobre la decisión del Poder Judicial.

En este sentido, precisó que “lamentablemente se está dando la liberación de quienes son responsables del sufrimiento de nuestro país (…). Esto podría generar que algunos de ellos podrían intervenir nuevamente en estas actividades, y nosotros lógicamente estamos en desacuerdo en su totalidad”, anotó. Por ello, afirmó que las autoridades del Estado deberían meditar y analizar mejor la situación en que se encuentran los terroristas, antes de ordenar y permitir la liberación de estas personas.“Las altas autoridades deberían tener más cuidado, para que aquellas personas, que habiendo participado en delitos terroristas, no puedan ser liberados y cumplan su condena total”, precisó.
Avances contrasubversivos Asimismo, el almirante Rolando Navarrete afirmó que en los últimos meses se ha podido apreciar el accionar del narcoterrorismo, por lo que resaltó que esto quiere decir que la estrategia que está llevando a cabo las Fuerzas Armadas está dando buenos resultados. “Han caído varios mandos importantes, y hubo una desorganización de esta lacra que nos está dando, prácticamente un resultado positivo, por lo que puedo decir que está funcionando la estrategia del Comando Conjunto”, manifestó. Cabe resaltar que el almirante Navarrete estuvo presidiendo la ceremonia de reconocimiento al personal caído en la lucha contra el terrorismo, en donde dieron lectura a los nombres de personal superior, subalterno y civil que fallecieron cumpliendo su deber.“En estos 27 años la Marina de Guerra del Perú, al igual que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, vienen participando activamente en la continua lucha contra el terrorismo”, dijo.De esta forma, resaltó que el personal en varias oportunidades ha ofrendado su vida en el cumplimiento del deber, por lo que es meritorio no olvidar su participación, pues ello fortalece a la institución para que siga luchando contra los remanentes del terrorismo. Agregó que “estamos enfrentándonos a quienes han pasado su ideología a un segundo plano, y ahora representa la guardia del narcotráfico, pues la situación del terrorismo, ahora no es igual que antes (…) Estamos seguros que vamos a alcanzar la victoria final”, destacó.
Piden reconocimientoDe otro lado, invocó a la sociedad para que tanto la Marina como las demás instituciones de las Fuerzas Armadas obtengan el reconocimiento de cualquier índole, pues dijo que la población en su conjunto debe ser consciente que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su labor. Al ser consultado sobre su posición frente a la eliminación de la cédula viva, el almirante Rolando Navarrete, remarcó que “lo único que puedo decir, sobre este tema es que el reconocimiento puede ser en cualquier sentido, lo único que queremos es que la sociedad sienta que está respaldada por las Fuerzas Armadas y, en forma reciproca, que las Fuerzas Armadas sientan el respaldo de la sociedad”, puntualizó.

Politica Se trata de encuestadoras bamba

Finalmente está la presión de las encuestadoras fracasadas en sus pronósticos electorales que desean pasar por agua tibia las escandalosas cifras divulgadas por ellas una semana antes de los comicios, en las que anticipaban un triunfo de Villarán sobre Flores por una abultada diferencia. Puestos a la luz en su mentira y refugiados en la tesis de un supuesto “elector volátil” de Lima, pugnan ahora que por lo menos se consagre rápidamente la victoria de la postulante de FS. En tal sentido, Fernando Tuesta Soldevilla del IOP de la PUC (la que dio 15% de distancia a favor de Villarán) señala que es “altamente improbable” que se revierta la tendencia exhibida en el conteo de votos de la ONPE. Alfredo Torres de Ipsos Apoyo sostiene exactamente lo mismo.Por su parte, Víctor Díaz Gonzales de IDICE –la única encuestadora que anticipó un resultado estrecho en las elecciones de Lima – opina que las proyecciones lanzadas por la PUC, Ipsos Apoyo, Datum y CPI estuvieron destinadas a crear un estado de ánimo favorable a Villarán y que eso constituye una manipulación del sentir popular.“Sólo el 17,5% de limeños admitió haber visto el debate del lunes 27 de septiembre entre las dos principales candidatas. ¿Cómo sería posible que dicho debate alterara tan dramáticamente las estadísticas de esas encuestadoras? Sólo fue un acto de manipulación”, puntualizó.

Hegemonía económica y guerras comerciales

Mié, 06/10/2010 - 05:00

Por Humberto Campodónico

Hace unos días el Ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, dijo que había comenzado una guerra monetaria internacional pues muchos gobiernos –entre ellos Japón, Corea del Sur y Taiwán– estaban impulsando la devaluación de sus monedas para aumentar la competitividad de sus exportaciones.

De su lado, EEUU presiona para que China revalúe el renminbi, lo que equivale a una devaluación del dólar. De hecho, hace algunos días, el Senado de EEUU aprobó una ley que contempla prohibiciones inmediatas a la importación de una gran variedad de productos chinos a EEUU. Según Martin Wolf, del Financial Times, esto siempre sucede “en eras de demanda declinante” (www.ft.com, Una nueva era de “mendigar al vecino”, 28/9/10).

Estas guerras monetarias y comerciales tienen diversas explicaciones. Una de ellas está ligada a los cambios en la hegemonía económica y política mundial, proceso que puede tardar muchos años, y hasta décadas. Sucedió cuando, a principios del Siglo XX se agotaba el “patrón oro”, impulsado sobre todo por la hegemónica Inglaterra.

Sucedió, también, en los años 30 cuando hubo ausencia de potencia hegemónica, pues varios países luchaban para ocuparlo. Allí comenzaron las devaluaciones competitivas: un país devaluaba su moneda para exportar más a su vecino, política inmediatamente imitada por ese mismo vecino, lo que llevaba a sucesivas devaluaciones en todos los países, como en un juego de dominó.

Cuando EEUU emergió como la potencia hegemónica después de la II Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods de 1944 consagraron al dólar como la moneda mundial de reserva con un valor fijo (US$ 35 por onza de oro). La reconstrucción de la posguerrra llevó a la recuperación de Europa (sobre todo, Alemania) y Japón, lo que impactó en la hegemonía USA. Por eso, en 1971 Nixon devaluó el dólar. De allí en adelante se pasó a un sistema de tipos de cambio flotantes, que dura hasta hoy.

En 1985, cuando la fortaleza del dólar (y las altas tasas de interés en EEUU) llevaron a su “apreciación excesiva”, el Grupo de los 7 acordó –bajo presión de EEUU– una “devaluación ordenada” del dólar, lo que aconteció en los Acuerdos del Hotel Plaza, que fueron remarcados dos años después por los Acuerdos del Louvre. Así, por ejemplo, el dólar pasó de 3.5 a 2 marcos por dólar de 1985 a 1990.

La diferencia entre 1985 y el 2010 es que la geografía económica mundial ha cambiado y la hegemonía productiva –y comercial– de EEUU ha disminuido aún más. Nuevos actores como China, los países del sudeste asiático y Brasil surgen como potencias productivas y exportadoras (son las nuevas “fábricas” mundiales), lo que se traduce en ingentes superávits comerciales que se agregan a los de Alemania y Japón.

Ese es el telón de fondo de las actuales guerras monetarias que están ya a la orden del día. Los analistas económicos hablan de un nuevo “Acuerdo Plaza”, pero no se ponen de acuerdo sobre la agenda. El Jefe del FMI, Dominique Strauss Kahn, acaba de decir que “está circulando la idea de que las guerras comerciales pueden ser usadas como un arma política. Llevada a la acción, esa idea representa un riesgo muy serio para la recuperación de la economía global y tendría un impacto de largo plazo muy negativo” (Financial Times, 5/10/10).

En verdad de lo que se trata es de una (solo una) de las manifestaciones de la crisis sistémica que afecta el aparato productivo de la economía mundial. Comenzó con la crisis de las hipotecas “subprime”, luego el “estímulo fiscal” aumentó los déficits y la deuda, lo que ha sido enfrentado con políticas de ajuste fiscal, recesivas, que llevan a las “eras de la demanda declinante” y, por tanto, a las guerras comerciales y las devaluaciones competitivas. Veremos qué pasa.

Secuestrados por los 'compañeros’

Autor: Fritz Du Bois

A raíz del actual congelamiento en el conteo de votos en Lima para la alcaldía –que duraría un par de semanas más– se ha hecho aún más evidente la necesidad de modernizar el sistema electoral. Al mismo tiempo, también se ha transparentado que el actual partido de gobierno tiene una total oposición a la modernización, queriendo mantener la actual situación con el sistema manual y la presencia de sus personeros, quienes en este proceso han estado prácticamente desempleados debido a su fracaso ante el electorado.

Así tenemos que desde julio de 2005, cuando el anterior Congreso autorizó a la ONPE a ir implementando gradualmente el voto electrónico, esa entidad no ha podido avanzar quedándose estancada debido a la obstaculización del Apra. Primero se sentaron en la Comisión de Constitución en un proyecto para autorizar a la ONPE a reglamentar la ley y cuando finalmente la aprobaron, en noviembre de 2009, el Ejecutivo la observó aduciendo que limitaba la participación de los partidos.

Luego de ello, la comisión insiste en su proyecto, pero la insistencia está esperando hace meses poder entrar a la agenda y ser debatido en el Pleno. Al final, una ley promulgada hace más de cinco años y que sería fundamental para modernizar el sistema electoral ha sido enterrada en vida, primero por una comisión del Congreso que siempre ha sido presidida por un 'compañero’, luego observada por el gobierno del Apra, para estar ahora encarpetada por la presidencia aprista del Parlamento. Cinco años de modernización perdidos. Para obstaculizar y trabar los 'compañeros’ son, sin duda, unos expertos.

Si bien es imposible que la ONPE pueda implementar el voto electrónico al cien por ciento en las próximas elecciones presidenciales, si el Congreso aprobara pronto la insistencia, al menos se estaría en capacidad de probarlo en ese proceso con un muestreo. De esa manera, para las siguientes elecciones municipales de 2014 ya no tendríamos el actual y anacrónico procedimiento.

Por otro lado, es una contradicción que el Apra bloquee esta reforma mientras promueve el voto voluntario. No pueden tener un sistema electoral diseñado solo para su conveniencia; se oponen a la modernización porque cuentan con los personeros más avezados, pero están a favor de la libertad de elección porque tienen a los partidarios más disciplinados. Un poco de coherencia, 'compañeros’.

(Editorial) Seguridad, política de Estado y revisión de normas

Jueves 07 de octubre de 2010 - 07:31 am

El presidente Alan García ha anunciado una reunión con los alcaldes recién elegidos para analizar el grave problema de la seguridad ciudadana y “poner a la policía al mando de los alcaldes”. ¿Qué alcances y limitaciones puede haber en esta propuesta?

Entendemos el grado de preocupación del Gobierno respecto de un problema que se agrava y toma carices más violentos y perturbadores. Sin embargo, por la misma razón, insistimos en la urgencia de replantear la política de seguridad ciudadana y establecer un plan de corto y mediano plazo, precisamente para no incurrir en la improvisación de los últimos años, como sucedió con la implementación de programas tan efectistas como fugaces (Patrullero de mi Barrio, Plan Telaraña, etc).

En tal contexto, el tema de la municipalización de la PNP ha sido propuesto y descartado más de una vez. A lo más que se ha llegado, con lógica y realismo, ha sido a sugerir una transferencia gradual de la Policía de Tránsito a los concejos provinciales.

Dicho esto, debemos reiterar que, dentro del marco constitucional y normativo del Estado Peruano, es primariamente una obligación del Gobierno y específicamente del Ministerio del Interior “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad” (art. 44 de la Carta Magna). A las municipalidades les corresponde “participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado” (art. 192), bajo el concepto de que “la ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana” (art. 195).

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, estas deben “establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial”.

Estos enunciados, sin embargo, son solo eso. Los consejos de seguridad ciudadana, cuando se forman, se convierten en entidades burocráticas cuyas decisiones, por más buenas que sean, no son vinculantes, en tanto que la convocatoria a sesiones depende del carácter, humor o cálculo político del alcalde de turno.

En tal perspectiva, el anuncio del presidente podría entenderse como un llamado a dinamizar y reforzar la coordinación, pero eso requiere objetivos y planes precisos que orienten dicha acción a partir de modificaciones legales que dependen finalmente del Congreso.

Deben estudiarse normas para dar mayor peso institucional a estos consejos de seguridad ciudadana presididos por el alcalde y evitar, por ejemplo, que los servicios de serenazgo trabajen como compartimentos estancos, sin personal calificado y solo en algunas localidades con más recursos.

En cualquier caso, las atribuciones municipales podrían entrar dentro de los ámbitos de prevención, vigilancia, auxilio rápido, organización vecinal y apoyo a la readaptación. Empero, resulta evidente que la reducción de los niveles de criminalidad, robos, secuestros y pillaje, dependen y sobremanera, de los servicios de inteligencia y de investigación criminal de la PNP para desbaratar las bandas delincuenciales que planean sus fechorías desde las cárceles, lo que a su vez demanda una mayor asignación presupuestal y apoyo logístico a las fuerzas del orden.

Los jueces y fiscales, en tanto, deben asumir también su responsabilidad de aplicar la ley y dejar de ser timoratos o contemplativos para condenar, con máximo rigor, a quienes amenazan la integridad, la propiedad y la vida misma de los ciudadanos.

Se exige, entonces, una visión global e interdisciplinaria, que dé prioridad al liderazgo municipal, sin dejar de lado las competencias y responsabilidades inherentes a la Policía Nacional y otras entidades involucradas. Diálogo, puertas abiertas, intercambio de ideas, control de daños, revisión de normas y acciones concretas y coordinadas: esos deben ser los pilares de la primera reunión entre los representantes del Ejecutivo, el ministro del Interior, con los nuevos alcaldes, para empezar a torcer hacia abajo la amenazadora curva de crimen e indefensión.

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