Opinion
ENRIQUE QUIROGA CARMONA Mayor General FAP (r)
Con asombro he leído las declaraciones del Ministro de Defensa, Javier Thorne León, aparecidas el día 20 de noviembre en un diario de circulación nacional, en torno a los ascensos al grado de Vicealmirante de la Marina de Guerra. En ellas sostiene el supuesto derecho que tendría el Presidente de la República para decidir, por sí y ante sí, los ascensos de los Generales y Almirantes de las FFAA, sin otra consideración que su propia voluntad. Estoy seguro que el Sr. Ministro de Defensa no está equivocado, porque eso sería admitir que ha existido un error de apreciación de su parte. No, el Sr. Ministro está defendiendo a sabiendas un capricho presidencial, que no tiene ningún asidero legal ni constitucional, pero que sí podría tener consecuencias para él, ya que de acuerdo con nuestra Constitución, los Ministros son individualmente responsables por sus propios actos, y por los actos presidenciales que refrendan.
Nuestra Constitución Política, en su Art. 172, le confiere al Presidente la facultad de otorgar -que significa conceder- los ascensos a los Generales y Almirantes de las FFAA, y Generales de la PNP, de conformidad con la ley, y según propuesta del instituto correspondiente. Es decir, que el Presidente tiene que sujetarse necesariamente a estas propuestas.
La ley 29108 de ascensos de las FFAA señala en su Art 24 que “Las vacantes declaradas en cada grado militar son cubiertas en estricto cumplimiento del orden establecido en el Cuadro de Méritos respectivo, cuadro que prepara y aprueba cada institución militar. Pretender hacer lo contrario, es apartarse de la Constitución y no respetar este derecho de las FFAA. Lo propio ocurre con el personal superior, respecto del cual dicha ley señala en su Art 9 que “Lasvacantes son expedidas mediante Resolución Ministerial a propuesta del Comandante General (...) y permanecen inalterables a lo largo del proceso.
Ha hecho muy bien el Comandante General de la Marina, con el respaldo de la Junta de Almirantes, en hacer respetar los fueros de su institución, ya que no se trata únicamente del aspecto relativo a sus derechos constitucionales y legales que se estarían violando, sino que también es
un tema de dignidad y de imagen., que quedarían afectadas de modo importante interna y externamente, de haberse actuado de manera complaciente.
Las leyes no son absurdas y menos aun la Constitución. Qué sentido tendría el que las instituciones militares, como en este caso la Marina de Guerra, lleven a cabo un proceso de ascensos serio, sujeto estrictamente a los criterios establecidos por la ley y los reglamentos correspondientes, si finalmente, y al margen de esta normatividad, el Presidente de la República pudiera soberanamente decidir lo que más le conviene o interesa, sin ninguna limitación. No insista Sr. Presidente en los maltratos que vienen sufriendo las FFAA así como sus miembros.
Creo que nuestro Presidente continúa en Francia, pero en la época de los Luises, del absolutismo de Luis XIV “El Rey Sol”, aquel que dijo “El Estado soy yo”. No Dr. Alan García, el Perú es una república democrática, y el primer obligado a cumplir con la Constitución y las leyes es el Presidente de la República, pues es quien tiene que dar el ejemplo de cómo se debe actuar correctamente en una democracia que se respeta a sí misma.
Pero lo más grave de esta equivocada intención, no es solo pretender ascender a quien no le corresponde, sino llegar alextremo de decidir, si no ascienden al que yo quiero, no asciende nadie. Dr. Alan García recapacite, no le haga daño a nuestra Marina de Guerra, que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber, y su obligación patriótica.
